El caleidoscopio de la crisis en la cuenca del Alto Atoyac
Ciudadanía, gobiernos y empresas tienen percepciones distintas en cuanto a disponibilidad y calidad del agua en la zona. La vinculación es fundamental para una gobernanza democrática.
Académicos
del Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente Xabier Gorostiaga, SJ (IIMA)
de la IBERO Puebla y de la Universidad de Edimburgo llevan tres años sumando
esfuerzos para ofrecer un diagnóstico integral de los efectos de la
contaminación en la cuenca del Alto Atoyac. Un primer corte de los hallazgos
fue presentado en un conversatorio junto con un llamado a la búsqueda de
soluciones colectivas.
El grupo de
trabajo ha comenzado a hacer frente al concepto de resiliencia ambiental, uno
que juzgan como perpetrador de prácticas injustas. En su lugar, se propone
transitar a espacios que permitan transformar los sistemas de gobernanza y
negociación entre el Estado y las poblaciones involucradas.
Para
lograrlo, el IIMA propone partir desde la acción colectiva, la participación y
la coproducción. “Hemos tratado de implementas iniciativas en las que se piensa
en procesos en los que los individuos que forman parte de una organización
transforman la relación con sus bienes y servicios”, explicó Soledad García,
investigadora de la Universidad de Edimburgo. El eje transversal, sumó, es el
diálogo de saberes.
El estudio se
llevó a cabo mediante una serie de entrevistas vía telefónica a cuatro perfiles
de personas vinculadas con la cuenca: pobladores, servidores públicos,
organizaciones civiles y empresas. Los participantes fueron habitantes y
trabajadores de localidades de San Andrés Cholula, Juan C. Bonilla y Puebla (La
Resurrección, Valle Paraíso y Azumiatla). De Tlaxcala se contactó a personas de
Españita, Tepetitla y Nativitas.
En su diálogo
con empresas, María Eugenia Ibarrarán, académica del IIMA, encontró que la
cantidad y calidad del agua no son consideradas un problema; también señalan
que el precio es justo y existe infraestructura suficiente. Al mismo tiempo,
estas perciben que no hay estímulos para el uso de aguas tratadas ni interés en
invertir en protección de ecosistemas.
Por su parte,
gobiernos (estatal y locales) y operadores de agua (públicos y privados)
mostraron su preocupación por la falta de agua en la cuenca. Consideran que la
calidad es raquítica porque no existe un saneamiento adecuado de las descargas.
“Si la cantidad baja y no reutilizamos el agua porque no se trata, estamos en
un problema muy serio”, advirtió Ibarrarán.
Valentina
Campos, directora del IIMA, encontró que las comunidades que se encuentran en
zonas rurales presentan menos escases que en las zonas periurbanas o urbanas;
en esta última reportan falta de infraestructura y distribución desigual. La
percepción de la calidad del agua también varía dependiendo de la
disponibilidad de pozos y la cercanía a los cuerpos de agua.
En lo que sí
concuerdan es en el cobro: todas las comunidades consideran que el acceso al
agua debe ser gratuito, aunque también admiten que se deben establecer cuotas
para el mantenimiento de infraestructura. “Hay una desorganización que impacta
en el abasto de cantidad y en tiempo”.
Los
pobladores destacan los esfuerzos locales para regular los procesos de
contaminación, identificar las fuentes de emisión y eliminarlas, así como para
restaurar espacios erosionados. “Hay una identificación muy clara de que hay
cambios en la precipitación, en la temperatura… Eso es resultado de la acción
humana”, agregó Campos.
Una de estas
actividades es la agricultura: los sembradíos ocupan el 24% de toda el agua
subterránea que se extrae anualmente. Los agricultores mencionan que se ha
reducido la accesibilidad al agua en pozos. A ello se suman el cambio en las
precipitaciones y los periodos de sequía, factores que han complicado los
procesos de siembra.
Finalmente,
Romeo Saldaña, académico del IIMA, constató que las organizaciones civiles han
encontrado cambios significativos en disponibilidad y calidad del agua con base
en la zona: en las ciudades se percibe agua contaminada y con malos olores,
mientras que a las comunidades rurales les impacta en el precio de los
productos agrícolas. Reportan además la existencia de un bajo suministro de
agua e irregularidades en su distribución, lo que provoca conflictos internos.
Un proceso de gobernanza efectiva requiere que todos los actores sociales sean reconocidos y que sus consideraciones sean incluidas en la toma de decisiones. “Es fundamental generar y acceder a la información de manera abierta y permanente”. El equipo del IIMA llamó a poner el bien común como fin último para resolver las brechas de gobernanza.
No hay comentarios.