Presenta Nancy de la Sierra, iniciativa para garantizar una vivienda adecuada
En México, cerca del 40 % de la población vive en condiciones de hacinamiento, carentes de materiales duraderos o servicios mejorados de agua y saneamiento.
Se reporta un
incremento en los desalojos forzosos en viviendas durante la pandemia, sumando
a más personas a la cifra de 14 millones de mexicanas y mexicanos que no tienen
un techo bajo el cual vivir.
La vivienda,
reconocida desde hace 30 años como un derecho fundamental en la Constitución,
está instituida en un marco jurídico que requiere un replanteamiento debido a
que su articulación actual es insuficiente para garantizar un hogar para todas
y todos.
Nancy de la
Sierra Arámburo, coordinadora del Grupo Plural, presentó una iniciativa que
reforma el artículo 4 constitucional, para garantizar el derecho de toda
persona a la vivienda adecuada, en todas sus modalidades de tenencia.
Dicha
iniciativa pretende atender tres problemas concretos en el texto vigente de la
Carta Magna; destaca como primera modificación que el derecho a la vivienda no
sea únicamente reservado para familias sino para personas.
Al respecto,
la Senadora por Puebla señaló que “si bien, las familias deben ser una pieza
central de cualquier política social, esta redacción excluye a aquellas y
aquellos que no viven en familia, que trabajan en la economía informal, y a las
mujeres, que tienen menor acceso al trabajo”.
En la argumentación
señala que, históricamente, la titularidad de la vivienda ha sido concebida
como una prestación a la que acceden principalmente los hombres por participar
en el mercado laboral, por lo que propone la corrección para que cada persona
sea titular de este derecho.
En la segunda
modificación plantea referirse a una “vivienda adecuada”, conforme a los
estándares internacionales de derechos humanos, y no a una “vivienda digna”
como actualmente se puede leer en la Constitución.
En torno a
este punto, expresó que “el derecho a la vivienda adecuada va más allá, e
incluye elementos como: la seguridad jurídica de la tenencia de la vivienda, la
accesibilidad económica de la misma, su adecuación cultural, la disponibilidad
de servicios, entre varios otros”.
En este
apartado se aclara que no existe un modelo “unitalla” en materia de vivienda,
por lo que se debe contemplar y reconocer que cada persona tiene distintas
necesidades.
Por último,
propone que la política de vivienda aborde todas las modalidades de tenencia
además de la propiedad, “con el fin de asegurar viviendas adecuadas para las y
los 35 millones de inquilinos que rentan sus hogares, para las mujeres y
personas vulnerables que habitan un refugio, e incluso para aquellas que se
encuentran en situación de calle”, comentó.
La iniciativa, que contó con las valiosas aportaciones de la Maestra Carla Luisa Escoffié, fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda para su análisis y discusión.
No hay comentarios.