Samuel García, vinculado con red de corrupción, despojos y lavado de dinero
El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, aparece como denunciado ante diversas instancias federales por su presunta vinculación con una red de corrupción, despojo y falsificación de documentos que abarca a diversas instancias judiciales del estado que encabeza.
El empresario
regiomontano Raymundo Ramírez Pompa ya ha presentado las denuncias
correspondientes ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Sistema
de Administración Tributaria (SAT) –ambas dependientes de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP)- y busca que la Fiscalía General de la
República (FGR) atraiga su caso.
De acuerdo
con el denunciante, el constructor Emilio Tancredi y su familia fabricaron una
trama en la que falsifican documentos para ostentarse como dueños de diversos
inmuebles, los cuales llevan a juicio ante el Poder Judicial de Nuevo León,
instancia que estaría coludida para beneficiarlos.
Ojo: El gobernador @samuel_garcias y el partido @MovCiudadanoMX son ligados a una presunta red criminal de despojos y lavado en Nuevo León https://t.co/BlOknx2En5
— Alvaro Delgado Gómez (@alvaro_delgado) January 4, 2022
La primera
implicación del mandatario se encontraría en que varios de estos casos han sido
asignados a Carlos Mendoza Cano, quien antes de litigarlos se desempeñaba como
funcionario en la Fiscalía General del Estado (FGE) y que fue nombrado por el
propio García como titular de la UIF nuevoleonesa.
En su caso,
Ramírez Pompa señala que los inmuebles que le fueron asegurados de manera
ilegal tienen un valor de 500 millones de pesos, además de despojar de otros
500 millones a personas a las que él les vendió otras propiedades. También
afirma haber detectado una simulación de venta de una casa entre integrantes de
la familia Tancredi, por 3.9 millones de dólares.
De acuerdo
con el afectado, el ahora titular de Inteligencia Financiera del estado fue el
funcionario que determinó incautar de manera ilegal sus propiedades, pues no
contaba con las atribuciones legales para hacerlo y, posteriormente, abandonó
su cargo para llevar a juicio las demandas presentadas por sus clientes, con
ayuda del Poder Judicial.
Sin embargo,
el nombramiento de Mendoza no sería el único vínculo entre Samuel García y esta
trama de corrupción, pues una de las empresas involucradas comparte domicilio
fiscal con los dos despachos de abogados con los que la familia del gobernante
financió ilegalmente su campaña electoral, por lo que el empresario considera
que este es una parte fundamental de este esquema.
Dicha
situación fue investigada por el Instituto Nacional Electoral (INE), el cual
determinó que el integrante de Movimiento Ciudadano (MC) sí se benefició de
esta situación para no reportar gastos de campaña; sin embargo, no lo sancionó
con la pérdida de su candidatura, como si se hizo en algunos casos.
El problema
para Ramírez Pompa es que los delitos por los que acusa a Mendoza Cano, la
familia Tancredi y el gobernador es que son del fuero común, por lo que deben
ser investigados por las mismas instancias que están coludidas con ellos. Por
eso lleva meses intentando que la FGR atraiga el caso.
Con información de Sin Embargo.
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