A 10 años de promulgarse ley contra la trata de personas, no se ha homologado en los estados
La Ciudad de México es el destino principal para la trata sexual de mujeres provenientes de estados como Veracruz, Puebla, Chiapas y Tlaxcala.
Alarmante que
el negocio de la pornografía infantil atraiga 3.5 billones de visitas al mes en
plataformas digitales.
Senadoras y
Senadores de distintos Grupos Parlamentarios se reunieron con expertas,
expertos, académicos y Magistrados para analizar la implementación y los
efectos de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en
materia de Trata de Personas y para la Protección de Asistencia a las Víctimas
de estos Delitos, desde la perspectiva del Poder Judicial.
Nancy de la
Sierra Arámburo, integrante del Grupo Plural, explicó que esta Ley General se
centra “en la reparación de las heridas que las y los sobrevivientes de trata
han sufrido, para que puedan mirar hacia el futuro con esperanza y lograr su
reintegración social plenamente”.
En
conferencia de prensa, el Magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia
Penal del Primer Circuito, Juan José Olvera López, presentó el estudio titulado
“Análisis de casos en el Poder Judicial de la Federación”, para revisar la
información generada en el Sistema de Integración y Seguimiento de Expedientes
(SISE).
El documento
desarrolla estudios tanto cualitativos como cuantitativos sobre los aspectos
que pueden ser indicadores de la reacción estatal ante este fenómeno en el que
se vulneran los Derechos Humanos de mujeres, niñas y niños que están en
situación de pobreza, principalmente.
El Magistrado
Olvera López destacó que una fortaleza de esta Ley es que protege a la víctima
“en todos los sentidos: como sujeta de delito y también creando mecanismos para
una reparación integral del daño, son dos factores importantes. Lo digo con
toda claridad, en la Ley; me parece que aquí la operación de la persecución
está debiendo”.
Explicó que
es necesario incrementar la pena mínima, que actualmente es de dos años, así
como realizar la persecución de quienes forman parte de esta red como
consumidores.
Aunque esta
Ley es piedra angular para combatir esta forma de esclavitud moderna, al hacer
justiciables todas las violaciones a derechos humanos infligidas por tratantes,
externaron su preocupación por la falta de homologación de las leyes locales,
así como la urgente necesidad de que los Gobiernos estatales construyan
refugios para quienes han logrado escapar de la red de tratantes.
“Hoy
reiteramos ese llamado para hacer cumplir las promesas que la Ley contra la Trata
ofrece a las y los sobrevivientes de este delito; reconociendo que toda ley es
perfectible y debemos identificar qué aspectos de los últimos 10 años de esta
legislación pueden mejorar”, señaló Nancy de la Sierra, Senadora por Puebla.
“Sabemos que
esta ley ha resuelto al menos mil trece resoluciones contra tratantes de
personas, esto sólo en el plano federal; hemos obtenido información muy valiosa
para la elaboración de política pública que combata a raíz este mal, como las
rutas de tratantes y tipos de delitos más usuales”, expresó Sylvana Beltrones,
integrante del Grupo Parlamentario del PRI, tras analizar el documento.
Miguel Ángel
Mancera, integrante del Grupo Parlamentario del PRD, comentó que el documento
permite proponer mejoras a la Ley para fortalecerla, sin embargo, hizo hincapié
en justificar las modificaciones para evitar riesgos y generar complicaciones
que impidan la correcta impartición de justicia.
Guadalupe del
Carmen Carrasco, sobreviviente de trata y Presidenta de la Comisión Unidos
contra la Trata, expresó durante su intervención que existe un gran reto para
proteger a las niñas, niños y adolescentes debido a que “el ser humano está
cada vez más cegado por la avaricia, la soberbia, ni siquiera se da cuenta el
daño que hace, se vuelve más indiferente; tenemos mucha juventud luchando por
falsas ideas de éxito y con pocos valores familiares”.
En la
conferencia también participaron el Dr. José Antonio Aquiáhuatl Sánchez,
Director General Universidad Nova en Ciencias Jurídicas; Orlando Camacho,
Director General de la Fundación México SOS; Karla Jacinto Romero,
sobreviviente del delito de trata de personas y representante de la Fundación
Camino a Casa; Nallely Gutiérrez, Presidenta de la AMMAC; así como Rodrigo
Moreno, Representante de la Revista Valores.
El estudio se encuentra disponible a través del enlace:
https://drive.google.com/file/d/1OpbW1sUZnU29DZprtIWXykFybg4TejEp/view
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