Preocupante que se pretenda convertir un diferendo legal en una persecución penal: INE
Éste es el posicionamiento de Consejeras y Consejeros del Instituto Nacional Electoral sobre la revocación de mandato.
A la opinión
pública:
El Consejo
General del Instituto Nacional Electoral (INE), órgano colegiado y máxima
autoridad de la institución, por mayoría aprobó el acuerdo de posponer
temporalmente algunas actividades preparatorias para la organización de la
eventual consulta de Revocación de Mandato. En un órgano colegiado las
diferencias de opinión y de votos son naturales y se respetan, pues así se
toman las decisiones y forman parte del debate público.
Las
decisiones del Consejo General del INE pueden no ser compartidas por las distintas
fuerzas y actores políticos, por ello, la legislación prevé que éstas pueden
ser impugnadas, como en este caso lo hicieron quienes se sintieron agraviados
por tal medida. Serán los órganos jurisdiccionales quienes decidan en última
instancia sobre este asunto lo que en derecho corresponda y, el INE, como
siempre, acatará esas decisiones.
Por ello es
muy preocupante que el Presidente de la Cámara de Diputados pretenda convertir
un diferendo legal en una persecución penal, con denuncias ante la Fiscalía
General de la República contra Consejeros y Consejeras que votaron a favor del
acuerdo mencionado, así como contra el Secretario Ejecutivo, quien no vota las
decisiones del colegiado. Se trata de una acción injustificada y sin sustento
jurídico, que busca inhibir la independencia con la que los miembros del
Consejo General valoran y votan los asuntos que les competen.
Por encima de
las diferentes posiciones que hemos adoptado sobre esta y otras decisiones, las
Consejeras y Consejeros electorales del INE rechazamos las denuncias penales
contra cualquiera de nuestras y nuestros compañeros y toda forma de
intimidación y vulneración de nuestra autonomía. Las diferencias de criterio en
casos en los que válidamente puedan sustentarse diversas soluciones en el marco
de nuestras atribuciones legales, no deben ameritar la persecución penal, sobre
todo, cuando quienes las adoptan han explicado públicamente los motivos de su
decisión.
En un Estado
democrático de derecho las diferencias de opinión no se persiguen como delitos.
Suscriben: Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente, Norma Irene De la Cruz Magaña, Uuc-kib Espadas Ancona, Adriana Margarita Favela Herrera, José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordan, Ciro Murayama Rendón, Dania Paola Ravel Cuevas, Jaime Rivera Velázquez, José Roberto Ruiz Saldaña y Beatriz Claudia Zavala Pérez.
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