Lo urgente vs lo importante en la pandemia por COVID-19 en México
Presentan ‘Policy Brief: Desafíos de América Latina ante el COVID-19. Desigualdad, pobreza y vulnerabilidad social’.
Por: Brenda
G. Coutiño Vázquez y Oscar A. Martínez Martínez, docentes del Departamento de
Ciencias Sociales y Políticas
El COVID-19
ha exacerbado las desigualdades sociales, profundizando la deuda social en
México. Sin embargo, antes de la pandemia las condiciones económicas y sociales
del país ya eran complicadas, la actividad económica presentaba signos
relevantes de debilidad y desaceleración; durante el primer trimestre de 2020
se observó una contracción de -2.4% en el Producto Interno Bruto (PIB) respecto
del mismo trimestre de 2019, mientras que la variación anual real para los
sectores secundario y terciario fue de -3.8 y de -1.4% (PNUD, 2020). En cuanto
a la deuda pública, en el último trimestre de 2019 representaba 44.6% respecto
del PIB.
Las finanzas
públicas y la capacidad de respuesta de México se han visto comprometidas por
una caída de los precios del petróleo y la fuerte dependencia presupuestaria
basada aún en este recurso. El precio de barril pasó de $66.3 dólares (USD) en
abril de 2019, a $63.0 USD en enero de 2020. A partir de esa fecha mostró una
tendencia negativa, hasta que el 20 de abril de 2020 alcanzó un precio negativo
sin precedente en la historia, $-2.6 USD. De igual forma, el tipo de cambio ha
experimentado una racha desfavorable, pasó de cotizarse en $18.9 pesos MXN por
dólar a comienzos de enero, para llegar a $25.12 MXN por dólar a finales de
marzo del 2020 (CONEVAL, 2020a).
Sumado a lo
anterior, la pobreza histórica del país es uno de los principales problemas, de
acuerdo con el CONEVAL (2020a), cuatro de cada diez personas se encuentran en
esta situación como resultado de la prevalencia de carencias sociales y alta
dependencia a los ingresos laborales de los hogares. En 2015, a nivel
municipal, había 1,698 municipios donde el 70% o más de su población tenía
carencia por acceso a la seguridad social, esto representó el 69.4% de los
municipios del país; dichos municipios se concentraron principalmente en los
estados de Oaxaca, Puebla y Veracruz, situación que refleja una desigualdad
territorial, en relación con el mercado laboral. En cuanto a grupos
vulnerables, el 69.5% de la población indígena vive en pobreza, 48.6% de
personas con alguna discapacidad son pobres y, 49.6% de niñas, niños y
adolescentes se encuentran también en esta situación.
En materia de
desarrollo social, al inicio de la gestión del actual gobierno encabezado por
Andrés Manuel López Obrador, se indicó que se realizarían cambios de fondo para
dar paso a una serie de programas centrados en la atención de grupos
prioritarios, al mismo tiempo de privilegiar las transferencias no
condicionadas. Algunas modificaciones se realizaron a lo largo de 2019 e
inicios de 2020, debido a ello, programas insignia de administraciones pasadas
desaparecieron o fueron reencausados. Como el Oportunidades-Prospera, uno de
los primeros y más antiguos programas de transferencias condicionadas en
América Latina, cuya evidencia mostró impactos significativos en la disminución
de la pobreza, especialmente en la extrema (Martínez-Martínez et al., 2019). Si
bien el tránsito que se esperaría entre un programa como
Oportunidades-Prospera, hubiera sido el ingreso básico universal, con
características como la no condicionalidad, individualidad y universalidad,
esto se quedó a nivel de propuesta impulsada por la academia y organizaciones
de la sociedad civil, pues hasta ahora un programa de esa naturaleza no ha
formado parte de la agenda del gobierno actual.
Algo similar
pasó con el Seguro Popular, que cubría hasta 2018, a 52.8 millones de personas,
especialmente a las más pobres del país (CONEVAL, 2014). En noviembre de 2019
se publicó el Decreto por el cual se crea del Instituto de Salud para el
Bienestar (INSABI) (DOF, 2019), y desaparece la Comisión Nacional de Protección
Social en Salud, encargada de operar el Seguro Popular (CONEVAL, 2020a),
llevando a la desaparición de este último. El INSABI centra principalmente su
atención en el primer y segundo nivel de atención médica, por tanto, es
gratuito en ambos niveles. En cuanto al tercer nivel, sufre los mayores cambios
al desaparecer el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, que cubría
enfermedades de alta especialidad. Así, la gratuidad prácticamente desaparece,
el hacer frente a una de las enfermedades que se cubrían en el tercer nivel,
por un hogar en pobreza, son casi imposibles de pagar. La extinción de
Oportunidades-Prospera, Seguro Popular, entre otros programas sociales, ha
colocado a más de la mitad de la población en una situación de vulnerabilidad,
pues el tránsito a los nuevos programas ha tenido diversos problemas. Además,
los nuevos programas en una primera evaluación de diseño, tuvieron diversas
áreas de oportunidad (CONEVAL, 2020b).
En cuanto al
acceso a los servicios de salud, 455 municipios del país registraban hasta 20%
de sus habitantes con carencia de acceso a la salud, principalmente en Oaxaca,
Michoacán y Puebla (CONEVAL, 2015). Es importante señalar que, el tener acceso
a la salud no significa necesariamente que el lugar de atención tenga la
infraestructura adecuada, que exista el personal médico indispensable
(incluyendo especialistas), y mucho menos un stock sustancial de medicinas; la
mayor parte de estos lugares de atención carecen de todo ello, no solo en este
momento, es un problema que ha pasado de una administración a otra
(Martínez-Martínez y Rodríguez-Brito, 2020).
Un aspecto
relevante que ayuda a entender los efectos del COVID-19 en México, son las
condiciones precedentes de salud de la población. De acuerdo con la Encuesta
Nacional de Salud (2018), el 10.3% de la población de 20 años o más contaba con
un diagnóstico médico previo de diabetes; 75.2% de la población de 20 años o
más tenían sobrepeso y obesidad; 18.4% de personas de 20 años o más contaba con
un diagnóstico médico previo de hipertensión. En el siguiente gráfico es
posible observar el comportamiento de ambas comorbilidades por sexo, a lo largo
del tiempo. Como se puede distinguir, se han dado incrementos longitudinales,
que desde ese tiempo mostraban la importancia del rediseño de políticas y
programas de salud.
Entre lo
urgente y lo importante, las áreas de oportunidad
El contexto
antes de la pandemia en México muestra una fragilidad en varios órdenes,
llevando al gobierno a la disyuntiva para decidir entre lo urgente y lo
importante, debido a la escasez de recursos y a la inmediatez de la problemática.
La decisión entre atender el inminente y exponencial riesgo en la salud de la
población (urgente), y atenuar las afectaciones económicas presentes y futuras
(importante). México, como otros países, implementó acciones de distanciamiento
social con la finalidad de contener el contagio y no rebasar la capacidad del
sistema de salud, lo que produjo un freno en la actividad económica, por el
cierre parcial o total de distintas actividades.
Las cifras de
la pobreza multidimensional y la reestructuración de programas sociales ante
una crisis de salud de gran magnitud, como la experimentada actualmente, han
evidenciado dificultades que siempre se habían presentado como una asignatura
pendiente para los gobiernos. Entre éstas, las enfermedades crónico-degenerativas,
la pobreza y los bajos niveles educativos, problemas sociales que favorecen la
severidad y la rapidez con la que se producen los contagios. Al inicio de la
pandemia, la OMS declaró que los adultos mayores y las personas que padecen
afecciones médicas preexistentes tales como hipertensión arterial, enfermedades
cardiacas, diabetes, entre otras, tienen la mayor probabilidad de presentar
complicaciones graves al enfermar por COVID-19, dificultando su recuperación o
prolongando el tiempo requerido de atención, lo que podría derivar en alta
frecuencia de fallecimientos (OMS, 2020).
Las
comorbilidades en la población mexicana (Gráfico 1), representan un factor
importante en el aumento de la demanda de servicios de salud. De acuerdo con la
Organización Panamericana de Salud (OPS, 2020), la tasa de pacientes con
COVID-19 que requerirían cuidados especializados en una unidad de cuidados
intensivos en México, podría sobrepasar el 6% que determinó la Secretaría de
Salud, debido a la alta prevalencia de diabetes y otras enfermedades derivadas
de la obesidad e hipertensión (CONEVAL, 2020). En un estudio reciente, Coutiño
y Martínez (2020), utilizando los datos de la Dirección General de
Epidemiología del Gobierno Federal, se confirma este hecho al encontrar el
efecto que tienen las comorbilidades preexistentes en la probabilidad de muerte
por COVID-19. Uno de los aspectos a destacar es que, padecer diabetes aumenta
proporcionalmente la probabilidad de muerte, incrementándose significativamente
por la edad.
Los
resultados de dicho estudio sugieren que las comorbilidades son factores de
riesgo que incrementan la probabilidad de perder la vida por el virus
SARS-CoV-2, en tanto que la edad es una variable que puede jugar a favor o en
contra en la gravedad, y por consecuencia, en la muerte por esta enfermedad. Es
prioritario apostar por medidas de prevención de la salud, no sólo en este
momento, sino también pospandemia.
La
configuración actual del escenario epidemiológico nacional y del modelo de
servicios de salud centrado en la atención correctiva que prevalece en el
Sistema Nacional de Salud, ha mostrado que la prevalencia de comorbilidades
conjugada con enfermedades crónicas transmisibles, como el coronavirus, resulta
en defunciones que pueden alcanzar niveles alarmantes. Por ello, es
indispensable transitar hacia una política de salud que privilegie la
prevención, para mantener una población sana y un sistema de salud, que en el
largo plazo evite costos tanto monetarios como de pérdidas humanas.
Uno de los
retos más importantes a considerarse en materia de salud, son los cambios
generados en el perfil demográfico y epidemiológico del país, lo cual impone
presiones adicionales al Sistema Nacional de Salud. Entre ellos, el
envejecimiento poblacional y el incremento en la incidencia del sobrepeso,
obesidad y las comorbilidades asociadas. Es prioritaria la promoción y rediseño
de políticas de salud que incluyan cambios sustanciales en la forma de
alimentación de los mexicanos, como una de las vías para mejorar su bienestar;
ejemplo de ello es el etiquetado frontal de alimentos con alto contenido
calórico, azúcar, sodio, grasas saturadas y grasas trans, así como la reforma
que adiciona el artículo 20 bis de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes del estado de Oaxaca, donde se prohíbe la distribución, venta,
regalo y suministro de bebidas azucaradas y alimentos chatarra a menores de
edad.
En
correspondencia, debido a las condiciones de la salud en la población, sería
importante incluir la presencia de comorbilidades en la medición de pobreza del
CONEVAL, como indicador de riesgo en la vulnerabilidad por carencias sociales,
y con ello, un rediseño de las estrategias para atacar este problema en los
tres órdenes de gobierno.
Ante la necesidad
de enfrentar una crisis de esta índole, en donde se conjuga lo urgente con lo
importante, es fundamental la implementación de medidas y mecanismos que
fortalezcan el sistema de salud, con el objetivo de que pueda enfrentar de
manera efectiva y eficiente, el incremento en la demanda de los servicios de
atención médica. Esto implica, por un lado, determinar claramente los esquemas
o fuentes de financiamiento de los servicios de salud en los estados, y brindar
certeza en el flujo de los recursos que se destinarán a atender las necesidades
derivadas de la emergencia sanitaria. En otro aspecto, contar con la
implementación de servicios, protocolos, campañas y sistemas de información
homologados, en todas las instancias que brinden atención de salud, durante y
después de las fases emergentes.
Hacer frente
al COVID-19 a nivel poblacional requiere, además, inversión en distintos
órdenes. Por ejemplo, cumplir con las medidas sanitarias básicas como el lavado
de manos y limpieza constante del lugar de tránsito, laboral, actividad o
residencia; es necesario contar con agua, sin embargo, en 179 municipios del
país, 30% de su población no dispone del recurso, estos municipios son
principalmente indígenas y 12 de ellos, pertenecen a la zona metropolitana
(CONEVAL, 2010 y 2015). El problema del acceso al agua es histórico, pues
distintos barrios, en el mejor de los casos, tienen agua sólo unas horas al día
o a la semana. Entonces, la carencia de agua en el hogar se convierte en un
reto para cumplir con los mínimos necesarios de cuidados ante el COVID-19, lo
que es una línea de acción inmediata para los gobiernos locales y
subnacionales.
Finalmente,
el inicio de la activación económica significa, para muchos hogares, contar
nuevamente con ingresos para realizar los gastos más apremiantes. Sin embargo,
esto no significa que la enfermedad esté contenida, sino que las personas están
saliendo a trabajar, en medio de la pandemia, debido a la necesidad económica
que prevalece, y por los niveles de pobreza que se tenían desde antes de la
misma, los cuales se han profundizado a lo largo de ella. Para hacer frente a
lo “importante”, el gobierno requiere establecer, inmediatamente, políticas
sociales más distributivas, como podría ser un ingreso básico universal que
pueda combatir los estragos económicos generados en los hogares mexicanos, por
causa del COVID-19.
Referencias
bibliográficas
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(2020a). La Política Social en el contexto de la pandemia por el Coronavirus
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Organización Mundial de la Salud. Disponible en:
PNUD (2020).
Desafíos de desarrollo ante la COVID-19 en México. Panorama Socioeconómico.
Serie de Documentos de Política Pública. Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo.
Desafíos de
América Latina ante el COVID-19
El presente
artículo forma parte del contenido del ‘Policy Brief: Desafíos de América
Latina ante el COVID-19. Desigualdad, pobreza y vulnerabilidad social’, que
presentó la Red de Homólogos sobre Desigualdad y Pobreza de AUSJAL (Asociación
de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina), en un
esfuerzo por generar aportes para incidir en la agenda de políticas públicas en
diversos países. A través de este documento, investigadores de Venezuela,
Nicaragua, México, Ecuador, El Salvador, Brasil y Argentina, describen el
contexto que atraviesa cada país como resultado de la pandemia.
Los trabajos
contenidos muestran, por una parte, los problemas que atraviesan este grupo de
países, mismos que estaban presentes desde antes de la pandemia, pero que se
han agravado con esta. Por otra parte, se muestra un conjunto de propuestas
basadas en evidencias, para mejorar las condiciones sociales y de salud en cada
país, con la finalidad de que los hacedores de políticas públicas las tomen en
cuenta en el diseño de las acciones para hacer frente al gran reto global
generado por el SARS-CoV-2.
Consulta aquí
el ‘Policy Brief:
Desafíos de
América Latina ante el COVID-19. Desigualdad, pobreza y vulnerabilidad social’
PRL
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