Piden que se separe del cargo el regidor Sergio Quiroz, involucrado en investigación contra Leo Paisano

Un sepulcral silencio ha guardado el regidor Sergio Quiroz Corona, quien fungió como tesorero municipal en la administración de Leoncio Paisano Arias, luego de conocerse que forma parte de las investigaciones y denuncias por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE) por el presunto desfalco de 42 millones 409 mil 408.12 pesos.

 

Pues aun cuando no se ha precisado a cuánto asciende su participación directa, durante su periodo como tesorero municipal del 15 de febrero de 2014 al 12 de abril de 2016, sería importante –de acuerdo a comentarios de ciudadanos- que solicitara licencia hasta que se determine su culpabilidad en el millonario desfalco.

 

Es importante mencionar, que al inicio de la administración de Karina Pérez Popoca, Quiroz Corona era su principal detractor en el cabildo, aun cuando fueron electos por el mismo partido (Morena), situación que se sabe, sirvió para hacer supuestas negociaciones y recibir canonjías por parte de la alcaldesa.

 

Posterior a la presuntas negociaciones, el ex tesorero ha aprobado el total de los puntos de todos los cabildos, aun cuando puede estar aprobando acciones fuera de la legalidad, como el asunto del esposo de la alcaldesa y otros temas que han salido a la luz pública y de por lo cual incluso se ha dicho que podría ser llamada a comparecer ante el Congreso del Estado.

 

Mientras tanto, habrá que esperar para saber con exactitud, en cuantas de las 45 empresas, que fungieron como proveedoras en el periodo 2014-2018, utilizadas para la “facturación de operaciones simuladas”, tiene culpabilidad Sergio Quiroz.

 

Los delitos por los que está siendo investigado, al igual que Héctor López Herrera, su sucesor y tesorero del 13 de abril de 2016 al 14 de octubre de 2018, al final de esa administración, y Nadia Hernández Acosta, quien fungió como contralora durante todo el gobierno del panista, son:

 

Asociación delictuosa que, para casos agravados, alcanza hasta 10 años de cárcel; abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal, cuya pena corporal llega hasta los seis años; peculado, que tiene un alcance de hasta 12 años de prisión, además de lo que resulte, todo contemplado dentro del Código Penal del Estado de Puebla.

 

La denuncia que presentó la ASE el pasado 5 de octubre, que fue ratificada el miércoles 14 de octubre de 2020, quedando registrada con el número de CDI 744/2020/FECC/VI-A, en la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción de la FGE.