Piden sanandreseños que se investigue al verdadero “Cartel Inmobiliario”

Migue Huepa y Leo Paisano tuvieron al mismo jefe de Desarrollo Urbano en San Andrés Cholula.

 

Es un personaje con un oscuro pasado, sabedor de todas las “triquiñuelas” habidas y por haber dentro de las mafias inmobiliarias, su nombre es Arnulfo Aurioles Gamboa, quien fungió en las administraciones de Miguel Ángel Huepa y de Leoncio Paisano como secretario de Desarrollo Urbano.

 

En ambas, cometió todo tipo de violaciones a la ley de fraccionamientos del estado y reglamentos municipales por presuntas prebendas muy "jugosas", de las cuales -se sabe- eran del conocimiento de ambos ahora ex ediles.

 

Para muestra bastaría con que las investigaciones, se dirigieran al desarrollo inmobiliario Vitale, el cual se ejecutó con evidentes irregularidades, ya que el número de pisos y departamentos está muy por encima de lo que permite la ley, en cuanto a densidad habitacional.

Ahí las autoridades correspondientes podrían darse cuenta que las denuncias por presunto daño moral y abuso de poder que inició en contra de la presidenta municipal sanandreseña, el ex diputado Miguel Ángel Huepa son mediáticas.

 

Ya que tras la denuncia de la alcaldesa Karina Pérez Popoca, donde señaló a Huepa Pérez de estar involucrado en supuesto tráfico de influencias y corrupción, es apenas la punta del iceberg de toda la presumible ola de corrupción que se generó principalmente en ese trienio.

 

Los hechos confirman que existieron numerosas irregularidades, mismas que orquestó el propio Arnulfo Aurioles, quien fue inhabilitado por dos años del servicio público en noviembre de 2014 por el entonces gobierno del Distrito Federal, luego de prosperar una denuncia penal en su contra por los delitos de actos de corrupción y uso indebido del ejercicio del servicio público.

 

Se sabe, que Aurioles Gamboa, junto con Luis Barajas Medina, Fernando Zepeda Zeda y Eustaquio Trejo Álvarez, todos ellos ex funcionarios de la entonces delegación Miguel Hidalgo de la Ciudad de México y cuando la titular de esa demarcación era la panista Gabriela Cuevas, se les descubrió la simulación de un contrato de 15 millones de pesos para que la empresa TAO realizara un estudio estadístico del cumplimiento de las normas de los proyectos de obra pública.

 

Es por lo anterior, que los sanandreseños piden que se investigue a fondo y no sólo sea un tema político, ya que incluso el ex candidato a la alcaldía Edmundo Tlatehui Percino, quien ha manifestado su interés de participar de nueva cuenta, también tiene un turbio historial a su paso por la secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología con Leoncio Paisano.

 

En aquel entonces, se le acusó –de entre otros presuntos actos de corrupción- de haber desviado más de 170 millones de pesos, ya que el 95 por ciento de los expedientes generados por permisos de construcción y multas no ingresaban a las arcas municipales.

 

Incluso existe una denuncia en un conocido medio de comunicación, en la que señala que el área de Inspección de Tlatehui Percino contaba con un promedio de seis inspectores, mismos que tenían a cargo cuatro supervisiones diarias de lunes a viernes. Cada supervisión, representaba en promedio 30 mil pesos, 20 mil del permiso de construcción y 10 mil de multa por faltar al reglamento municipal, por lo que las cantidades que logaron recabar son multimillonarias.

 

De ahí la importancia de que las autoridades competentes lleguen al fondo de la llamada “mafia inmobiliaria sanandreseña" y se castigue a quienes sean responsables, pues queda claro que “los moches” salen de las secretarías de desarrollo urbano, con la venia de los altos mandos municipales.