Denuncian empresarios texmeluquenses ingobernabilidad, exigen al gobierno que actúe
La alcaldesa Norma Layón solapa corrupción, amenazas, sobornos, extorsión y abuso de autoridad.
Los
ciudadanos y empresarios de San Martín Texmelucan hacemos un llamado enérgico y
respetuoso al Gobierno del Estado para que atienda la preocupante
ingobernabilidad e inseguridad que impera en nuestro municipio, producto de
actos de corrupción ampliamente documentados y la complicidad de quien dirige
el Ayuntamiento.
Desde octubre
de 2018 fue notorio el incremento de diversos actos delictivos, sin embargo, de
mayo a la fecha, se agregaron los fenómenos de abuso de autoridad, extorsión y
amenazas por parte de quienes se supone tendrían que velar por la seguridad de
los texmeluquenses.
Señalamos
directamente al Comisario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Jorge
Alberto Ramos Cruz de promover y solapar estos actos ilegales ya denunciados
ante la Fiscalía General del Estado de Puebla.
La forma como
operan los elementos de tránsito no deja lugar a dudas sobre la presencia de
una red de corrupción y complicidad que afecta la estabilidad social, así como
la cadena productiva de la región, ya que estos servidores públicos detienen a
camiones de carga de proveedores, clientes y a cualquier ciudadano que
especialmente transite con placas foráneas a quienes bajo el menor pretexto
retienen y solicitan dinero en efectivo que puede ir de los 5,000 y hasta los
15,000 pesos.
Inmediata y
coincidentemente, una grúa llega al lugar para generar presión y en caso de no
acceder a la “mordida”, la unidad es rápidamente trasladada al corralón y el
conductor a los separos municipales.
De esta
manera, en caso de no acceder a sus chantajes, se tiene que pagar el arrastre y
la supuesta multa. Ocurren al menos cuatro casos diarios, afectando la entrega
de productos, especialmente perecederos; quitándole a los texmeluquenses lo que
con tanto esfuerzo y trabajo perciben; abusando de los que no pueden defenderse.
Y es que,
incluso muchos de los conductores han sido salvajemente golpeados de manera
cobarde e impune.
En días
pasados un ciudadano del municipio fue agredido de manera violenta y trasladado
a los separos municipales, solo por grabar y documentar estos actos ilegales.
Fueron
violentados sus derechos humanos en el lugar donde documentaba con su teléfono
móvil la corrupción de los agentes de tránsito y fue también agredido dentro de
los separos “para darle un escarmiento”, tal como lo sustenta la denuncia
presentada ante la Fiscalía General del Estado.
Lo peor viene
cuando el propio responsable de la seguridad municipal, Jorge Alberto Ramos
Cruz asegura que cuenta con el respaldo del Estado, quien, afirma, lo colocó en
dicha posición dentro del gabinete municipal.
El pasado
criminal de este personaje ha quedado documentado a su paso por la Procuraduría
y posterior Fiscalía de Chiapas y de la Policía Especializada de aquella misma
entidad, donde pesan contra él denuncias por tortura y corrupción.
En reiteradas
ocasiones hemos intentado dialogar con la autoridad municipal para exponer esta
red de corrupción pero no hemos recibido respuesta alguna.
Por todo lo
anterior, pedimos la destitución inmediata del Comisario de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal, Jorge Alberto Ramos Cruz, con fundamento en los artículos
58, fracción IV y 62, fracción IV de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla o bien, que sea el propio Poder
Ejecutivo que encabeza el gobernador Miguel Barbosa Huerta quien tome las
riendas de la seguridad, a través de la Secretaría de Seguridad Pública que
dirige Raciel López Salazar.
Hacemos un
llamado al gobernador Barbosa para que a través del titular de la Secretaría de
Gobernación, David Méndez Márquez y de la Secretaria de Economía, Olivia
Salomón Vivaldo, se establezcan mesas de trabajo donde podamos exponer esta
difícil situación que afecta la dinámica social y económica de nuestro
municipio, encontrando juntos una solución concreta.
Diversas
cámaras empresariales como Coparmex Texmelucan, Canaco Texmelucan, Colegio de
abogados, Colegio de Contadores, Colegio de Arquitectos, ciudadanos de
Texmelucan y diferentes organismos estamos preocupados pero también dispuestos
a construir un entorno de legalidad y paz social.
Este fenómeno
no solo afecta a los empresarios, sino a trabajadores, proveedores y a la
sociedad en su conjunto.
Dejamos en
claro que nuestra postura está ajena de tintes partidistas o intereses
políticos.
La remoción
de otros involucrados, ligados a esta red de corrupción lo celebramos, pero no
estamos satisfechos de recibir un paliativo cuando se puede extirpar al cáncer
de raíz.
Confiamos que la autoridad estatal será sensible a esta petición que no surge del capricho, sino del hartazgo colectivo sobre actos que se supone, con la Cuarta Transformación serían erradicados.
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